Cuando ha pasado ya la avalancha de comentarios sobre el anuncio del Gobierno de un proceso de regularización masiva de unos 500.000 inmigrantes, los católicos nos tenemos que plantear qué debemos exigir a las autoridades para que realmente sea respetada la dignidad de cada persona.
Si empezamos por el principio, la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno es el resultado -tardío y con formas inadecuadas porque evita el democrático debate en el Congreso- de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por más de 900 organizaciones e instituciones, entre ellas Cáritas, que cuidan de las personas que llegan a España en busca de una vida mejor.
Cuando la ILP se presentó en el Congreso, el consenso fue prácticamente unánime y, si se hubiera tramitado en ese momento como ley, posiblemente habría salido adelante para mostrar que los españoles aún saben ponerse de acuerdo en cuestiones que afectan a la dignidad de las personas, como la población migrante en situación irregular o como la protección especial de los enfermos de ELA.
Pero el Gobierno, que no vio la urgencia en ese momento, ha actuado ahora con rapidez, después de que los cambios en el reglamento de extranjería no fueran suficientes para “desatascar” la situación de cientos de ilegales que, por falta de papeles, se quedan atrapados en un limbo. No pueden trabajar legalmente, no tienen manera de ganar dinero con su esfuerzo, no pagan impuestos porque no existen para el sistema, pero tienen que cubrir sus necesidades básicas de alguna manera.
El anuncio por parte del Gobierno, que aún no se ha materializado en los relevantes aspectos de la letra pequeña, como la gestión de los inmigrantes con antecedentes penales, por ejemplo- fue celebrado por la Conferencia Episcopal Española que recogía el sentir de las diversas entidades de la Iglesia que habían participado en la elaboración de la ILP.
“La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española celebran el anuncio de un proceso que lleve a la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en nuestro país. Consideran esta medida como un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular”.
La Iglesia está siempre al lado de los migrantes que se ven obligados a buscar oportunidades de vida lejos de sus hogares por culpa de las guerras, la persecución, el hambre o los desastres naturales. Sin embargo, el hecho de que los obispos y distintas entidades vinculadas a la Iglesia celebren esta regularización que permite empezar a muchas personas que no tenían otra opción -el retorno a sus países de origen no es aplicable en la práctica en la mayoría de los casos porque no los recibirían-, no implica que no haya que exigir al Gobierno medidas suficientes para que no se produzcan de nuevo situaciones de injusticia social como la que ahora trata de paliarse, y para que la regularización no cree nuevos problemas.
La aplicación de la solidaridad y la justicia social en el caso de la inmigración requiere que pensemos en algunos aspectos esenciales:
- Regularización de los procesos migratorios: para evitar que se formen “tapones de regularización” como el que ha ocurrido ahora, un Estado tiene que tener organizado un sistema legal de gestión de la migración con el que al mismo tiempo permita llegar a quienes lo necesitan y satisfaga las numerosas ofertas de trabajo que se quedan sin cubrir por falta de mano de obra.
- Apoyo a la población en los países de origen: resolver el problema de la inmigración cuando ya ha llegado a destino supone ocuparse sólo del final del proceso. Una persona migrante preferiría no tener que abandonar su hogar y a su familia. Si la sociedad se volcara más con dar oportunidades en los lugares de origen y establecer relaciones económicas simbióticas, el problema de la inmigración se resolvería antes de empezar. Ocurre lo mismo con las guerras.
- Acompañamiento, acogida e integración: una vez que los inmigrantes llegan a España, es necesario articular los canales adecuados para que, con el apoyo de las administraciones públicas y la participación de la sociedad civil a través de diferentes entidades, los acojan, acompañen y ayuden en su integración.
- Gestión rápida y eficaz de las solicitudes de asilo y de otros trámites: el problema de los limbos jurídicos se produce, en muchas ocasiones, por la mala gestión burocrática que deja a los inmigrantes atrapados sin salida durante años. La consecuencia es que, sin documentación, tienen más probabilidades de caer en la exclusión.
- Equilibrio entre solidaridad y subsidiaridad: estos dos principios que forman parte de la Doctrina Social de la Iglesia tienen que balancearse de la manera adecuada puesto que el Estado y otras administraciones públicas tienen que intervenir allí donde el individuo, la familia o la comunidad no llegan, pero debe evitar intervenir en exceso y dejar sin margen de actuación a la persona. Así, además de la libertad personal, se fomenta la responsabilidad.
- Cuidado del bien común: una medida que ayuda a una parte de la población no puede provocar situaciones injustas en otra parte de la población. Las ayudas a las personas que llegan a España no pueden causar que las personas que necesitan ayuda en España se queden sin ellas. Hay que buscar el equilibrio adecuado en el volumen de personas a las que realmente se puede ayudar.
