En las últimas semanas, se ha desatado la polémica por unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal en las que abogaba por un adelanto electoral para desatascar la parálisis política. Fue el propio presidente del Gobierno quien contestó en un mitin acusando a monseñor Argüello de interferir en la política. Lo cierto es que la Iglesia, que se ocupa de todo aquello que afecta a la persona, tiene derecho a pronunciarse también sobre esta cuestión.
Fueron unas declaraciones realizadas por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, entrevistado en La Vanguardia, las que encendieron la airada respuesta del Gobierno. Preguntado por la situación política, explicaba que, ante la parálisis institucional por la falta de consenso en el Congreso y la ausencia de presupuestos por tercer año consecutivo, por sentido del bien común, parece necesaria una cuestión de confianza, una moción de censura o un adelanto electora.
Horas después, Pedro Sánchez en persona, contestaba con cajas destempladas en un mitin electoral en Extremadura y acusaba sin fundamento a los obispos de querer interferir en la vida política. “El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país”, afirmó el presidente.
Los obispos y cualquier otro miembro de la Iglesia, laico o seglar, tienen todo el derecho a opinar sobre la situación política del país sin que eso suponga una intromisión ilegítima en la política. Porque la razón por la que opinan no es para posicionarse con un partido político o hacer campaña, sino para dar la guía ética, antropológica, moral y espiritual que la sociedad necesita.
Desarrollamos algunos puntos clave para conocer más sobre esta cuestión
1. La salvaguarda de la dignidad humana
La Iglesia sostiene que la política tiene como fin último a la persona humana. Por lo tanto, cuando una estructura política o una ley afecta la dignidad, los derechos fundamentales o la integridad de las personas, la Iglesia reclama el derecho de intervenir. La Iglesia tiene la misión de evangelizar en la sociedad, y eso incluye la vida política. “La pastoral social es la expresión viva y concreta de una Iglesia plenamente consciente de su misión de evangelizar las realidades sociales, económicas, culturales y políticas del mundo” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 524).
2. Autonomía Iglesia-Estado, pero no separación total
La Iglesia y la comunidad política son independientes y autónomas en su propio campo. Sin embargo, ambas están al servicio de la vocación personal y social de la humanidad. Como recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, “la lglesia tiene derecho al reconocimiento jurídico de su propia identidad. Precisamente porque su misión abarca toda la realidad humana, la Iglesia, sintiéndose « íntima y realmente solidaria del genero humano y de su historia”, por eso, “reivindica la libertad de expresar su juicio moral sobre estas realidades, cuantas veces lo exija la defensa de los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas”.
3. La formación de la conciencia
La Iglesia no busca gobernar ni imponer soluciones técnicas o programas de partido, sino formar las conciencias de los fieles (especialmente de los laicos). Es deber de los laicos cristianos actuar en la política, y es deber de la Iglesia darles los criterios morales para que esa actuación sea coherente con la fe.
La Iglesia opina sobre política porque considera que la política tiene una dimensión ética. Su intervención no busca el poder, sino asegurar que el sistema político respete la justicia, el bien común y la dignidad de cada ser humano.
En el panorama actual, donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones parece crecer, la Doctrina Social de la Iglesia emerge como una guía fundamental para redescubrir la esencia de la vida pública. Lejos de ser un mero ejercicio de gestión, la política es definida como una forma de caridad que exige, por encima de todo, una base ética sólida fundamentada en la honradez y el respeto a la dignidad humana.
La Democracia: Más que una Estructura, un Valor Ético
En las palabras de Monseñor Argüello en su reciente entrevista, el presidente de los obispos españoles destacaba la necesidad de defender la democracia que, aunque no es para la Iglesia el único sistema posible de gobierno, sí tiene la virtud de “asegurar la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad” (Centessimus Annus, 46). “Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”, continúa la encíclica de Juan Pablo II.
Parálisis y corrupción política
Para la Iglesia, la corrupción política es una de las deformaciones más graves del sistema democrático (Solicitudo Rei Socialis, 44). La honradez no es solo una virtud personal del político, sino un requisito indispensable para la estabilidad social. La falta de honradez “traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. De este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos limitados de quienes poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos”. (Compendio, 411).
La responsabilidad de los políticos
El ejercicio de la autoridad política requiere que quienes ocupan cargos de responsabilidad vivan una profunda coherencia moral. La Doctrina Social de la Iglesia resalta que los políticos deben ser personas que busquen sinceramente la verdad y el bien común, y que eviten la tentación de utilizar el poder para el enriquecimiento personal. La verdadera autoridad es la que se ejerce como servicio, fundamentada en la virtud.
En este sentido, el texto recuerda que la política no es un campo ajeno a la moral: “Aquellos que tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación” (Compendio, 410). Esta dimensión implica que el representante debe rendir cuentas no solo ante la ley humana, sino ante su propia conciencia y ante la verdad objetiva de los valores que sostienen la convivencia. “En su campo específico (elaboración de leyes, actividad de gobierno y control sobre ella), los electos deben empeñarse en la búsqueda y en la actuación de lo que pueda ayudar al buen funcionamiento de la convivencia civil en su conjunto”, dice el Catecismo. De modo que, si no lo hacen, es razonable solicitar que utilicen los mecanismos adecuados -moción de censura, moción de confianza o adelanto electoral- para garantizar que no se produce la parálisis gubernamental que denunciaba Monseñor Argüello.
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