Los jóvenes no consiguen acceder a la vivienda y retrasan el momento de formar una familia. Y los ancianos acaban viviendo solos o en residencias porque el tamaño de las casas dificulta el cuidado intergeneracional.
Un 16,2% de subida interanual en el precio de la vivienda en el tercer trimestre de 2025 significa que España tiene un problema muy grave porque un techo bajo el que dormir y en el que criar a una familia se considera un bien de primera necesidad cada vez más inaccesible para buena parte de la población. El alquiler está un 8,5% más caro este año y en comunidades más tensionadas, como Cataluña, ha subido un 23,2%.
No hay suelo disponible porque los ayuntamientos, sean del signo que sean, no lo recalifican a la espera de hacerse con más dinero por impuestos cuando más falta haga. Las empresas constructoras, consideradas las “malas” de la crisis de 2008, a pesar de que la causa fueron las hipotecas basura, ya no se animan a invertir en nuevos desarrollos urbanísticos sin saber cuánto tiempo tardarán en salir adelante.
El mercado del alquiler se ha desbaratado porque la inseguridad jurídica y una excesiva protección del inquilino vulnerable heredada de los tiempos de la pandemia hace poco atractiva la idea de dejar segundas residencias (la forma más habitual de ahorro en España) en manos de desconocidos que se pueden convertir en “inquiokupas” a los que no hay manera de echar.
Esta circunstancia perjudica especialmente a las familias que, por ser catalogadas como vulnerables al tener hijos a su cargo, son menos elegidas por los propietarios, atemorizados por el hecho de que, con la ley en la mano, pueden alegar su situación para quedarse, sin pagar, en la casa que no les pertenece. Y si bien las cifras de ocupación ilegal no son altísimas, la percepción de inseguridad ha calado en la ciudadanía de tal manera que costará mucho tiempo recuperar la confianza.
La postura de los católicos ante el problema de la vivienda no es sencilla porque supone un equilibrio entre varios principios fundamentales y diversos planteamientos recogidos de manera reiterada en la Doctrina Social de la Iglesia.
La economía es reconocida por la Iglesia como la manera de sustento de la familia y no se considera intrínsecamente negativo ganar dinero, siempre y cuando tenga en cuenta el bien común. “Objeto de la economía es la formación de la riqueza y su incremento progresivo, en términos no sólo cuantitativos, sino cualitativos: todo lo cual es moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre y de la sociedad en la que vive y trabaja”, dice el Compendio (334).
Al mismo tiempo, la vivienda es fundamental para el correcto desarrollo de la familia, que, por el principio de subsidiariedad, debe valerse por sí misma y proveer de lo necesario a sus miembros. Por eso, en una reciente intervención el pasado año, los obispos españoles tildaron el problema de la vivienda de “emergencia social”.
Esta circunstancia hace que sea necesario pensar en la manera de abordar un problema acuciante para muchas familias aplicando el principio de solidaridad, es decir, entendiendo que parte de la riqueza tiene que ir a quienes más lo necesitan, sustentando así el principio del bien común y garantizando de esta manera el acceso a la justicia social.
Pero hay muchos caminos para alcanzar ese equilibrio que haga accesible la vivienda a las personas que, por las circunstancias jurídicas y económicas, lo tienen más difícil. Por ejemplo, un camino es un ordenado empleo de los fondos públicos de modo que el dinero recaudado mediante los impuestos se destine de manera prioritaria a cuestiones relevantes y no a otras ideológicas menos relevante.
También se le puede pedir al Estado que resuelva el problema de la inseguridad jurídica para fomentar el alquiler y que limite las trabas burocráticas para la construcción de obra nueva. De esa forma, se dinamizaría el mercado y la mayor oferta reduciría los precios.
Los ciudadanos tienen vías para ayudar, como, por ejemplo, sus aportaciones habituales a obras de caridad gestionadas de manera directa o indirecta por la Iglesia. Muchas de ellas, como diferentes proyectos de Cáritas, van dirigidas precisamente a aminorar el problema de la vivienda. Pero lo que el Estado no debe hacer, por el principio de subsidiaridad, es exigir al ciudadano que, legalmente posee una segunda vivienda, que cargue de manera exclusiva con el sobrecoste de resolver el problema de la vivienda para otro ciudadano.
Hay tantas recetas económicas para solucionar el problema de la vivienda como economistas a los que se puede preguntar. Es una cuestión compleja con numerosos agentes implicados. Para los cristianos, es una cuestión que va más allá de la mera economía porque lo que está en juego es la familia, célula primigenia del conjunto de la sociedad.
