Ahora le ha tocado a España. Sin que se sepa la razón, el gobierno dictatorial de Daniel Ortega ha expulsado del país al durante apenas unas semanas embajador de España en Nicaragua y al ministro consejero, de modo que la legación diplomática se queda sin representación. La medida recuerda mucho a la persecución que la Iglesia católica ha sufrido en el país, especialmente acuciante en los últimos siete años.
España ha recibido como un jarro de agua fría la decisión unilateral y aún sin explicación alguna por parte de Nicaragua de expulsar a su embajador, Sergio Farré Salvá, que acababa de presentar cartas credenciales, y al ministro consejero, Miguel Mahiques Núñez. La respuesta no se ha hecho esperar y el ministro José Manuel Albares ha expulsado como retorsión a la embajadora nicaragüense acreditada en España. Las pésimas formas, la radicalidad en las decisiones y la enorme presión política que ha aplicado Ortega con España recuerdan a la persecución que su Gobierno ejerce contra la Iglesia católica de manera sistemática.
Cuando comenzaron las protestas populares contra el Gobierno de Daniel Ortega, caracterizado por sus modos dictatoriales y la persecución sistemática a la oposición, la Iglesia católica, como no podía ser de otra manera, acompañó a los fieles que exigían que se respetase la libertad, la política, la de credo, la de expresión… El equipo de Ortega no tardó en aplicar sus prácticas de persecución contra la comunidad cristiana.
En una primera etapa, Ortega comenzó con la persecución y el encarcelamiento de distintos miembros del clero. Acusados de conspiración o de distribución de noticias falsas, se iniciaron contra ellos procesos judiciales sin ninguna garantía de imparcialidad. Destaca el caso de Monseñor Rolando Álvarez, que fuera obispo de Matagalpa, condenado a más de 26 años de prisión y despojado de su nacionalidad antes de ser exiliado al Vaticano en enero de 2024. Sacerdotes y seminaristas fueron también objeto de arrestos ilegales y destierros forzados, con detenciones masivas incluso en medio de celebraciones.
Las relaciones con el Vaticano se han ideo empeorando a lo largo de los años hasta el punto de que, en el año 2022, el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag fue expulsado del país, siguiendo una política similar a la que ahora ha aplicado con los diplomáticos españoles. En aquella época, distintas congregaciones religiosas tuvieron que salir de Nicaragua, donde ejercen una imprescindible labor social. Es el caso de las Misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa de Calculta. Y han sido muchos los religiosos que se han visto obligados a salir del país o que no han podido regresar a Nicaragua porque se lo han impedido en la frontera.
La persecución no sólo ha sido política sino también económica, con numerosas incautaciones de bienes pertenecientes a la Iglesia por parte del Estado. Diversas diócesis vieron congeladas de la noche a la mañana las cuentas corrientes con las que operaban, bajo la falsa acusación de blanqueo de dinero. En su afán de control, también han sido clausurados varios canales de televisión y emisoras de radio que gestionaban las universidades católicas, muy arraigadas en el país.
Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que un buen número de católicos han ido abandonando el país desde que arreciaran los ataques a partir de 2018. Los ataques a las comunidades cristianas se siguen repitiendo. Por ejemplo, desde el año 2023, está prohibida la celebración de las procesiones tradicionales de Semana Santa, Navidad y festividades patronales en las calles, y sólo se permite mantener la tradición dentro de las iglesias. Se han reportado numerosos casos de vigilancia por parte de agentes del gobierno, que aplican un escrutinio dictatorial sobre cada sermón pronunciado en las misas.
El Papa León XIV ha mostrado su cercanía con la Iglesia nicaragüense en diferentes ocasiones. El 23 de agosto de 2025, sostuvo una audiencia privada con obispos nicaragüenses en el exilio, como un reflejo más de su apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y a los fieles del país.
