Esta semana, el Consejo de Estado emitía un informe preceptivo no vinculante que validaba la propuesta del Gobierno de incluir el aborto como un derecho de la salud en la Constitución. Aunque queda por delante un largo trámite parlamentario, ya se vislumbra la estrategia del Gobierno de utilizar un atajo para blindar el aborto porque ni quiere, ni conseguiría, la mayoría reforzada y la disolución de las Cortes que necesita para que incluirlo como derecho fundamental.
España, pionera en el aborto como derecho
España ostenta el flaco honor de ser pionera y abanderada de las normas que atentan contra la vida en situaciones de especial indefensión. En el año 2010 se promulgó la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también llamada ley del aborto, con un significativo cambio de paradigma, puesto que el aborto pasaba de ser un delito despenalizado en determinados supuestos a ser un derecho exigible por la mujer, sin acuerdo del padre, para acabar con la vida del hijo. Once años después, en el 2021, España siguió los pasos de holandeses, belgas y suizos, entre otros, para desarrollar una ley que regulara los casos en los que es admisible la eutanasia.
El aborto como cortina de humo del Gobierno
Ahora, en 2026, con las encuestas del Gobierno en mínimos históricos, el equipo conformado por PSOE y Sumar ha puesto sobre la mesa la tramitación de un cambio constitucional que blinde el aborto aún más, puesto que, en este momento, al estar regulado solo por una ley, podría simplemente desparecer si las Cortes aprobaran otra ley en sentido contrario.
Batalla normativa e ideológica por el aborto
“Se trata de una doble batalla: normativa e ideológica, que posiblemente no va a conseguir un cambio en la ley, ya que las mayorías que se necesitan para sacarla adelante, no se tienen, y que, según los expertos supone un claro fraude de ley, pero sin duda, es todo un arma ideológica letal. Los distintos cambios de parecer del Tribunal Constitucional y las interpretaciones diversas y el retorcimiento de las leyes nos hacen cuestionarnos la fortaleza y coherencia de la Constitución, algo que en su momento ya señalaron algunas voces críticas, a quienes se tachó de agoreras”, explica a Mundo Cristiano Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.
Este Gobierno ha sido abanderado de la legislación que defiende la muerte del no nacido como una decisión exclusiva de su madre. Pero, además, ha utilizado este polémico debate en momentos de especial zozobra política en otros ámbitos, puesto que el tema polariza y radicaliza.
El proceso de reforma de la Constitución
El proceso que la reforma constitucional tiene por delante no es sencillo. Tras el dictamen preceptivo no vinculante del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros tendrá que llevar en su orden del día una proposición de ley que pasará al Congreso. Al haber utilizado la estrategia de introducirlo en el artículo 43, que no pertenece al título I de derechos fundamentales, sólo necesitaría 3/5 del Congreso para salir aprobada. Pero en este momento, con varias negativas de Junts a apoyar la inestable legislatura de Pedro Sánchez, es poco probable que el proyecto consiga salir adelante.
La vía “descafeinada” del artículo 43, de derechos de la salud, le ahorra al Ejecutivo el calvario de tener que recabar el apoyo de al menos 2/3 del Congreso, disolver las cortes, convocar elecciones y votar el cambio constitucional. El engañp del Gobierno, adoptado por razones estratégicas, se topa con un ángulo inesperado: ningunean tanto la vida del no nacido que no se plantean que tenga especial protección, sino que se considera un mero asunto de salud de la madre. “Resulta jocoso, si no fuera por la tristeza del asunto, decir que lo que se quiere preservar es la salud de la mujer cuando es evidente e innegable que además del hijo que muere, esa mujer que era dañada en todo su ser; si estaba enferma, no cura con el aborto, pero, estando sana si puede arrastrar enfermedades físicas y trastornos psicológicos durante años”, explica Alicia Latorre.
Legislaciones contrarias al derecho a la vida
Aunque en buena parte de los países de nuestro entorno el aborto está regulado legalmente, sólo Francia y Eslovenia lo incluyen en su Constitución. Algunos países como Polonia y Malta mantienen legislaciones que defienden la vida desde el momento de la concepción.
Para Latorre, esta explosión de legislaciones contrarias a la vida “nos hace plantearnos hasta qué punto está enferma nuestra sociedad. Es terrible que se esté discutiendo si se puede, no sólo normalizar, sino proteger como un derecho, la muerte dolorosa y cruel de un ser humano no nacido, lo más inocente y frágil de nuestra especie, un tesoro único de valor inigualable, incluso cuando pueda estar enfermo”.
