Permítanme tres breves puntadas jurídicas para entender lo que quiero contarles. Me referiré a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a sus resoluciones. El Consejo de Europa no es la Unión Europea, ni esa Asamblea es el Parlamento Europeo. El Consejo está formado por países europeos —no necesariamente de la Unión— para promover la democracia, los derechos humanos en Europa y cuenta con esa Asamblea formada por representantes de los Estados miembros y con un órgano judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La segunda puntada es que esa Asamblea no aprueba leyes, sino recomendaciones, resoluciones, órdenes y opiniones, es decir, unos “productos” no vinculantes denominados en el argot jurídico softlaw, literalmente “ley blanda”, en contraposición con las leyes en sentido estricto.
Dicho esto, me centro. El pasado octubre la Asamblea rechazó una propuesta de resolución para liberalizar la prostitución en toda Europa, un asunto, el de la prostitución, complejo y lleno de aristas, que quizá empate en este sentido con la pornografía o la legalización de las drogas. Los tres son males planetarios, difíciles de afrontar, y la prostitución es, de los tres, en el que más se ha trabajado.
Ante la prostitución cada país ha ido por su cuenta y, por resumir, hay dos posturas: la abolicionista y la despenalizadora.
La primera propugna penalizar la demanda y no a quien ejerce la prostitución; la despenalizadora pretende normalizar la prostitución, legalizarla, hacer de la prostituta una trabajadora prestadora de servicios sexuales. Por cierto, hablo en femenino porque más del 90% de la prostitución la ejercen mujeres. En España hay indefinición; Alemania, Holanda y Dinamarca la consideran un trabajo con derecho a prestaciones y obligaciones fiscales y Francia, Suecia, Islandia y Noruega penalizan al cliente.
Pues bien, con ánimo de unificar legislaciones, se pretendió que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobase una propuesta de resolución con el objetivo de liberalizar la prostitución en toda Europa. Es la propuesta a la que me refería y que se rechazó. Era una iniciativa muy peligrosa e ideologizada.
Quería proteger los derechos de las prostitutas pero, de haber prosperado, habría sido para proponer a los Estados que legalizasen esta forma de explotación de las mujeres y la violencia que encierra. Contraponía la “prostitución forzada” y el “trabajo sexual” para que se aceptase este último, tanto que sus promotores recogían sólo las opiniones favorables a la despenalización total, pese a que en el Derecho Internacional se ha sostenido que normalizar la prostitución es incompatible con los derechos humanos porque es una forma de esclavitud.
Como se ve, en esta Asamblea y mediante recomendaciones, se pelea para fijar unos objetivos ideológicos de largo alcance. Tan grave era la iniciativa que Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, dijo que la propuesta era “una peligrosa regresión para los derechos de las mujeres y las niñas”; es más, tiempo antes publicó un informe demostrando que lo de la prostitución voluntaria tiene mucho de mito, que hablamos de trata de personas, no de un trabajo más.
Esta relatora de la ONU no fue bien recibida en la Asamblea, incluso tuvo obstáculos para entrar en la sede, como cuenta la European Center for Law and Justice, una muy eficaz ONG de inspiración cristiana, que ejerce de lobby ante las instituciones europeas.
En fin, una pequeña gran victoria que muestra que hay organismos internacionales que hay que seguir de cerca, que a golpe de softlaw pueden colar iniciativas que no ocultan su sesgo ideológico, pero que con empeño se les puede parar los pies como ha ocurrido con este caso.